Desde que la policia y la fiscalia entraron en la antigua sede de Metodo 3 se ha iniciado un proceso de vigilancia en extremis de las agencias de detectives privados por parte del gobierno. Estos hechos no habrian ocurrido con la nueva normativa que legislo el gobierno según la cual con la nueva ley de Seguridad Privada quedan definidos el campo de juego de actuación de los detectives privados y las diferentes empresas de seguridad distribuidas por toda la geografia española según la cual estan obligadas a informar de todas las investigaciones en informes concretos. La nueva normativa impone severas sanciones ante el incumplimiento y falta de colaboración con las fuerzas del orden. Bien es cierto que el que desee incurrir en ilegalidades seguira haciéndolo como informaron fuentes fiscales con gran conocimiento de dicho área profesional, pero sobre el papel se proclama una serie de restricciones en las actuaciones de los detectives privados ahora controlado con un protocolo de actuación y unos poderes para el cuerpo nacional de policia.
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